Fuente: BVEX
Por: Emilio Garcia (@egarciagarcia)
Cómo apuntaban las previsiones realizadas antes de las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre, España vive uno de los momentos álgidos de su historia más reciente. El cambio de escenario político presenta una oportunidad de realizar la modernización institucional y reformas estructurales que preparen nuestro país para el siglo XXI.
Aun figurando en los programas de los distintos partidos, llama poderosamente la atención que en los principales debates políticos televisados la cuestión tecnológica haya estado ausente. Internet ha sido tan solo mencionado como mero recurso dialéctico, como elemento para situarnos en la época lejana en que no existía la red y se gestó nuestra democracia. Parece, una vez más, que los muchos asuntos urgentes hacen olvidar lo importante.
Sin menospreciar otras importantes reformas necesarias, en nuestro país, la transformación digital de España habría de ser uno de los elementos centrales del esfuerzo modernizador en la legislatura que comienza. La Comisión Europea estima que en el futuro cercano el 90% de los empleos necesitarán competencias digitales, la consultora Gartner predice que pasaremos de 6.400 millones de dispositivos conectados en 2016 a 20.800 millones en 2020 y el fabricante de equipos Cisco prevé que en el año 2019 el 80% del tráfico de Internet serán contenidos de vídeo. Son cifras que reflejan la imparable digitalización de empleos, producción y ocio en el mundo.
España debe plantearse el objetivo como país de progresar aceleradamente en su digitalización para mantener el bienestar colectivo. El puesto intermedio que la Comisión Europea asigna a España en su índice de digitalización DESI no es suficiente para la quinta economía de Europa. La transformación digital de España ha de ser, además, una herramienta de inclusión que reduzca desigualdades en lugar de ampliarlas, tanto entre personas como entre empresas y territorios.
Ejes para un acuerdo de estado
En la era digital, nadie espera. Es hora de diseñar y mantener durante el próximo lustro una política que asegure la adopción e integración por todos los sectores sociales y económicos de las tecnologías de la información. Ello sólo será posible si la transformación digital de España es una de esas materias en que se alcance un pacto de Estado, del que han de ser parte todas las fuerzas políticas. Es necesario un acuerdo estable para impulsar la disponibilidad de los insumos básicos de la economía digital, convertir la tecnología en el eje del desarrollo sostenible de la sociedad e incorporar plenamente las herramientas digitales en las cadenas de producción de bienes y servicios.
España ha progresado en la disponibilidad de insumos de conectividad en los últimos años. Nuestro país se ha convertido en caso de estudio por el crecimiento de las infraestructuras y abonados de fibra óptica. El compromiso político compartido debe pasar por dar continuidad el actual impulso inversor de operadores y un rediseño del servicio universal con criterios de inclusión social que permita extender a todos los beneficios de la banda ancha ultra rápida. Pero las redes han dejado de ser las únicas infraestructuras necesarias en la economía digital. La colaboración público-privada debe ser el instrumento para hacer asequibles a todas las empresas, especialmente a las pymes, las capacidades de almacenamiento y procesamiento en la nube, tan necesarias en la era del Big Data. No menos importante es garantizar el principal insumo de la economía digital: el capital humano. Concurrentemente con la eterna reforma pendiente del sistema educativo, más allá de asegurar el número necesario de profesionales de las tecnologías, es necesario dotar a todos los trabajadores de las competencias digitales necesarias para un presente de progresiva automatización del entorno laboral y cadenas de producción globales.
La Agenda 2030 de Naciones Unidas y la revisión de los objetivos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información han situado las tecnologías de la información como habilitadores del desarrollo sostenible y de las personas. El acuerdo por la transformación digital debe profundizar en la digitalización de servicios públicos en los que nuestro país es modelo de buenas prácticas tecnológicas como Administración, salud o educación, así como culminar la inacabable modernización de la justicia. De igual modo, acciones claves por su capacidad de impulso transversal sobre desarrollo sostenible deben ser parte del acuerdo político. La concentración de población y actividad económica y social en las ciudades convierte en un necesario foco de acción la extensión del concepto de Smart City a todas las áreas urbanas.
Buena parte del crecimiento económico del país dependerá de la adopción e integración de la tecnología en los procesos productivos de bienes y servicios. El impacto de la automatización de la industria y las redes de transporte y energía, los nuevos modelos de negocio de la economía colaborativa y la modernización del sector servicios ha de ser una política acordada por todas las fuerzas políticas o no será. La digitalización de la actividad económica, cómo estamos empezando a experimentar, tiene impacto sobre las condiciones laborales, salud pública, recaudación fiscal, privacidad y derechos de consumidores. La asunción de riesgos de la transformación económica para obtener los beneficios y sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar sólo puede ser resultado de un proceso de diálogo social y político continuo, que atienda de modo equilibrado los intereses contrapuestos de consumidores, empresas tradicionales y emprendedores digitales.
Nuevas estructuras de gobernanza para la economía y sociedad digital
La complejidad y alcance de la tarea de realizar la transformación digital de España necesitará también de nuevos instrumentos. Una pieza clave será crear una estructura de gobernanza inclusiva, que diera voz en el proceso de transformación a departamentos ministeriales, gobiernos regionales, principales fuerzas políticas y sociales, representantes empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Crear las estructuras que refuercen los mecanismos de participación más allá de la fase de diseño, que fueron ya utilizado en la creación de la Agenda Digital para España.
En el ámbito de la sociedad y mundo empresarial, un elemento de la estructura de gobernanza podría ser la constitución de un órgano independiente consultivo similar al Consejo Nacional de Digitalización en Francia. Los treinta miembros de este Consejo son una representación equilibrada de empresarios, activistas y la academia, que estructuran sus actividades alrededor de grupos de trabajo temáticos. El Consejo es parte activa en la ejecución y seguimiento de medidas para potenciar la economía digital en Francia.
En el ámbito de la Administración, la política tecnológica ha de dejar de ser un área meramente vertical. La digitalización fuerza la ruptura de los silos de la acción pública y la creación de estructuras interdepartamentales. Puede servir de orientación para ello el modelo puesto en marcha por la Comisión Europea para completar la estrategia del Mercado Único Digital. La coordinación de los Comisarios sectoriales por un Vicepresidente responsable de la transformación digital de Europa facilita las sinergias y una acción tecnológica transversal coherente.
El tren que no puede perderse
La penetración inexorable de las tecnologías de la información supone un nuevo reparto de cartas para los países. La revolución digital marcará el equilibrio de poder en el escenario internacional en las próximas décadas. Aprovechar sus oportunidades y los procesos de innovación en todo ámbito que abren sólo es posible mediante una acción política constante. Un pacto de estado para la transformación digital facilitaría la creación de unas condiciones de entorno que fijen el camino a seguir más allá de los cambios políticos.
España llegó tarde a los anteriores procesos modernizadores de Europa. La revolución industrial se perdió en el siglo XIX entre el fragor de las guerras civiles entre absolutistas y liberales. La democracia y la separación de poderes fue una utopía para nuestro país durante la mayor parte del siglo XX. El desarrollo del estado del bienestar hubo de esperar hasta la década de los 80 con la restauración de la democracia. La transformación digital no puede ser un tren al que subamos de nuevo con retraso dando lugar a otra oportunidad perdida. Llegar a tiempo debe ser un proyecto de país.
El autor es Emilio García (@egarciagarcia), funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.
